Morelia, Michoacán, a 26 de julio de 2025.-* En cumplimiento a los principios de despresurización y priorización establecidos en el Plan de Persecución de Delitos (PPD), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha sostenido un ritmo constante y creciente en la judicialización de carpetas de investigación, la ejecución de mandamientos judiciales y el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, consolidándose como una institución efectiva en la atención del fenómeno delictivo.
En el primer semestre de 2019, la FGE judicializó mil 34 carpetas de investigación; para el mismo periodo de este 2025, la cifra ascendió a 4 mil 75 carpetas, lo que refleja un crecimiento de más del 294 por ciento.
En cuanto a la ejecución de mandamientos judiciales, de enero a junio de 2019, se cumplimentaron 627 órdenes; mientras que en el mismo periodo de este año, se registraron 843 cumplimientos, es decir, un incremento del 35 por ciento. En total, de enero de 2019 a junio de 2025, las y los elementos de la Policía de Investigación de la FGE ejecutaron 10 mil 490 mandamientos judiciales, de los cuales 2 mil 549 corresponden a homicidios dolosos, lo que representa un importante esfuerzo institucional en el combate a la impunidad en delitos de alto impacto.
Respecto a las determinaciones por Archivo Temporal, durante el año 2018, cuando aún se operaba como Procuraduría General de Justicia, este tipo de resolución representaba el 60 por ciento de los casos. En los últimos 6 años y medio, el promedio anual de determinaciones por archivo temporal se redujo a un 35 por ciento, ubicando a Michoacán por debajo de la media nacional en este indicador.
En el uso de mecanismos alternativos, la Fiscalia ha fortalecido la aplicación de la Suspensión Condicional del Proceso, al pasar de 170 casos en el primer semestre de 2020 a 305 en el mismo periodo de 2025. Asimismo, la obtención de acuerdos reparatorios mantiene una tendencia a la alza, pasando de mil 349 acuerdos en el primer semestre de 2019 a 5 mil 158 acuerdos en el mismo periodo de este año, lo que representa un incremento del 284 por ciento.
Estos resultados reflejan la consolidación de una política criminal basada en la eficiencia procesal, la atención a las víctimas y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
