Morelia, Michoacán a 10 de abril de 2025.- El diputado local Baltazar Gaona García, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, informó que al cierre del plazo constitucional el pasado 31 de marzo, únicamente 106 ayuntamientos y cinco consejos indígenas cumplieron con la entrega formal de sus cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024 ante el Congreso del Estado.
Sin embargo, siete municipios Arteaga, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Nuevo Urecho, Parácuaro y Zacapu incurrieron en un error de procedimiento que los coloca en una situación de incumplimiento constitucional.
“Estos siete municipios sí formularon su cuenta pública, pero cometieron el error de entregarla directamente en la Auditoría Superior de Michoacán. Aquí en el Congreso solamente entregaron un acuse de recibido de la Auditoría, lo cual es inválido y contraviene lo que marca nuestra Constitución del Estado”, puntualizó el legislador.
Gaona García recordó que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo establece con claridad que todos los ayuntamientos y consejos indígenas que manejen recursos públicos están obligados a presentar sus cuentas públicas a más tardar el 31 de marzo directamente ante el Congreso del Estado, y no ante otro órgano.
“La entrega debe ser aquí, en el Congreso. No es una formalidad menor. Es una exigencia constitucional que garantiza que haya transparencia, supervisión y rendición de cuentas”, enfatizó el diputado del Partido del Trabajo.
En ese sentido, el presidente de la Comisión Inspectora adelantó que se girará instrucción a la Auditoría Superior de Michoacán para que actúe conforme a derecho y proceda con la imposición de sanciones a los municipios que no cumplieron en forma con lo que dispone la Constitución estatal.
“Entiendo que los alcaldes puedan estar molestos, pero es importante que asuman con responsabilidad la obligación de rendir cuentas claras. La transparencia no es opcional”, concluyó Gaona García.
El Congreso del Estado reiteró que la entrega incorrecta de la cuenta pública no solo representa una falta administrativa, sino que puede derivar en consecuencias legales que afectan tanto a los presidentes municipales como a sus equipos financieros, especialmente si esta omisión se repite o es interpretada como una intención de opacidad en el manejo de recursos públicos.
