El diputado local expresó que no se escuchó a todas las partes, a pesar de ser considerado el Congreso como un Parlamento Abierto.
Morelia, Michoacán, a 02 de abril de 2025.- El diputado Poncho Chávez manifestó su inconformidad ante la aprobación del dictamen que prohíbe las corridas de toros en Michoacán, al considerar que representa una imposición ideológica que limita la libertad de decisión de los ciudadanos y atenta contra tradiciones que forman parte de la identidad de una gran parte de la sociedad. Además, señaló que esta actividad genera una importante derrama económica para muchas familias del estado.
“Una democracia liberal no puede ser rehén de ideologías impuestas por unos cuantos, sino que debe apegarse al principio fundamental de que cada individuo tiene el derecho de elegir libremente lo que considera propicio, según su criterio y libertad”, expresó el legislador.
Poncho Chávez recalcó que la discusión sobre si los animales no humanos sienten nunca ha estado en controversia, pues es una cuestión de sentido común. Sin embargo, lamentó que este mismo criterio no se aplique cuando se trata de un ser humano en gestación.
“Mientras se celebra la prohibición de las corridas de toros y que no se termine la vida de 120 toros de lidia al año, nadie se indigna ante los 94 asesinatos diarios en nuestro país o los más de 750 mil abortos anuales que se registran en México. Ahí no hay indignación ni espectaculares celebrando una victoria legal”, criticó.
El congresista advirtió sobre los riesgos de que el Estado decida qué es cultura y qué no, imponiendo restricciones según criterios ideológicos.
“Hoy son las corridas de toros, mañana podría ser la charrería, que es considerada el deporte nacional por excelencia; los jaripeos, las danzas tradicionales o cualquier expresión que no encaje con la agenda de la supremacía moral progresista”, señaló.
Finalmente, cuestionó la premura con la que se aprobó esta medida, sin considerar el mecanismo de Parlamento Abierto recientemente promovido en la 76 Legislatura del Congreso del Estado.
“No se consultó a las comunidades ni a los sectores sociales que dependen de estas actividades para su sustento económico”, denunció.
