Morelia, Michoacán a 7 de febrero de 2025.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Octavio Ocampo Cordova, presentó ante el Pleno de la 76 Legislatura una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Michoacán con el objetivo de homologarla con la legislación federal y cerrar posibles vacíos legales en la persecución de actos de corrupción.
La propuesta del legislador busca actualizar el catálogo de faltas administrativas graves para evitar que conductas sancionables a nivel federal queden impunes en el ámbito estatal. De acuerdo con el legislador, la armonización de la normativa es fundamental para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y garantizar un marco legal más sólido en la fiscalización del servicio público.
Entre las principales modificaciones se plantea la incorporación de nuevas disposiciones, como la simulación de acto jurídico, el nepotismo y la omisión en el pago de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Explicó que en el caso de la simulación de acto jurídico, se sancione con la inhabilitación de cinco a diez años a los servidores públicos que utilicen una identidad jurídica distinta para obtener recursos públicos de manera ilícita.
La iniciativa también establece sanciones para quienes incurran en nepotismo, prohibiendo la contratación de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad dentro de la administración pública, con el fin de evitar conflictos de interés.
Asimismo, se busca considerar como falta administrativa grave la omisión de pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el propósito de garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores del sector público.
Ocampo Cordova destacó que estas reformas son necesarias para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el ejercicio gubernamental. Subrayó que la lucha contra la corrupción requiere un marco normativo actualizado que impida la impunidad de servidores públicos que incurran en prácticas irregulares.
La iniciativa será analizada en comisiones para su dictaminación y posterior discusión en el Pleno del Congreso del Estado.
